Redacción. El diputado liberacionista, Wagner Jiménez, presentó el proyecto de ley 21868: “Ley de moratoria en desahucios judiciales y administrativos” como consecuencia de la emergencia nacional a raíz del Covid-19.
El proyecto pretende evitar que personas físicas, jurídicas y empresas afectadas seriamente por la actual crisis sanitaria y económica, sean sometidas a procesos de desahucio judicial o administrativo.
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Por un plazo de tres meses a partir de la aprobación de esta ley, ninguna persona física que haya sido despedida, esté desempleada o demuestre que producto de la actual crisis no percibe ingresos suficientes para cancelar el pago de alquiler correspondiente, no podrá ser sujeta a un proceso de desahucio judicial o administrativo.
“He solicitado al Gobierno de la República que valore este proyecto como una de las medidas para hacerle frente al COVID-19. Hoy más que nunca las señoras y señores Diputados estamos convocados para trabajar principalmente para la garantía de que cada costarricense no perderá su vivienda y tampoco será desalojado de su alquiler comercial producto de la crisis que enfrentamos con el Coronavirus”, agregó el congresista.
De acuerdo con el legislador, esta pandemia está provocando desempleo, crecimiento de la informalidad laboral, pobreza, y da un golpe severo a la seguridad social de nuestro país. Con precisión, las consecuencias económicas y sociales aún son inciertas, pero no cabe duda de que serán profundas, y exigirán un gran esfuerzo nacional para conseguir de nuevo índices aceptables de crecimiento y desarrollo.
La Asamblea Legislativa ha estado aprobando leyes que pretenden minimizar el impacto en el desempleo y el cierre de empresas. Intenta asegurar con plazos de moratoria en las obligaciones tributarias, flujo de caja y liquidez en las empresas de manera tal, que puedan operar con normalidad hasta donde las circunstancias lo permitan.
