- Quienes pagan pensión solo pueden asistir donde un juez de familia
Redacción – En media emergencia nacional, son 95 personas las que han ingresado como prisioneras a cárceles del país por no pagar pensión alimentaria.
El Covid-19 ha ocasionado que muchos costarricenses sufran cambios en su salario, ya sea por reducción de jornada, despido o suspensión de contrato laboral, algo que en definitiva también afecta a quienes pagan pensión.
Son 388 encarcelados en total por esta situación, datos facilitados por el Ministerio de Justicia y Paz tras una consulta de AMPrensa.com.
La semana del 15 al 22 de marzo entraron 51 personas y del 22 al 29 del mismo mes, se sumaron 44, para un total de 95 nuevos ingresos, según la cartera.
Las personas que incumplan con el pago de pensión son ingresadas a la cárcel por ley, por lo que el Ministerio de Justicia y Paz solicitó la suspensión de esta medida por pensión alimentaria en el marco de la emergencia nacional.
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La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, envió el oficio a la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano.
«Se solicita valorar la suspensión de las órdenes de apremio corporal, y en su lugar, tratar de promover asistencia interinstitucional en favor de la parte acreedora alimentaria, o bien, el uso de mecanismos electrónicos de monitoreo», dice la jerarca Salazar en el oficio.
La intención de ese ministerio es evitar un mayor hacinamiento en las cárceles, donde los presos pueden verse afectados por el Covid-19.
Desde el Poder Judicial indicaron que de momento no hay ninguna medida establecida específicamente para ayudar a esta población y la única forma es que un juez de familia establezca un nuevo monto de pensión.
El gobierno afirma que no emiten decreto para este caso en específico por la división de poderes.
