Redacción- Las llamadas recibidas a la línea de emergencia del 9-1-1 por violencia intrafamiliar en proceso demuestran un comportamiento estable en los últimos días.
Así lo evidencian las estadísticas oficiales que registra dicha entidad: en enero el promedio de llamadas diario fue de 317, en febrero de 316 y en marzo de 307.
“El hecho de que no haya aumentado la cantidad de llamadas no nos hace bajar la guardia ni un segundo. Sabemos que, en condiciones de aislamiento y confinamiento, las mujeres pueden sufrir más violencia y tienen más dificultades para llamar y denunciar porque en algunos casos el agresor puede estar a su lado las 24 horas del día”, destacó Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del INAMU.
La jerarca recalcó que donde sí se ha presentado un incremento de llamadas es en las líneas que la institución puso al servicio de las mujeres.
Las consultas reiteradas tienen que ver con búsqueda de apoyo estatal de mujeres jefas de hogar que por motivo de la emergencia están sin empleo, de trabajadoras independientes cuyos ingresos han disminuido o de mujeres que reciben pensión para sus hijos e hijas y que ahora no la reciben, entre otras dudas.
Además, Mora Castellanos aclaró que el Instituto Nacional de las Mujeres, está trabajando en propuestas concretas de identificación de mujeres beneficiarias de un subsidio alimentario.
Por su parte, la Ministra de Niñez y Adolescencia, Gladys Jiménez Arias, indicó que la familia debe ser ese espacio donde las niñas, niños y personas adolescentes se sientan protegidos y puedan desarrollarse integralmente.
Sin embargo, en algunos casos es el espacio donde son víctimas de situaciones.
Por eso hizo un llamado vehemente a las familias para extremar las medidas de seguridad para evitar accidentes y riesgos, y sobre todo acatar los llamamientos que ha hecho el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social para permanecer en casa.
En promedio el Patronato Nacional de la Infancia recibe 200 denuncias diarias, por situaciones violatorias de derechos de las personas menores de edad, cifra que se mantiene.
