- Las personas se exponen a penas de seis meses a un año de cárcel
Redacción – Un grupo de personas que trataban de cazar y pescar armadillos y tortugas, fueron detenidos por las autoridades que les seguían el rastro en Tortuguero.
Se trata de dos cazadores de armadillos y otros seis que arponeaban tortugas en aguas dentro del parque nacional.
Estas personas fueron aprehendidas la semana anterior por delitos ambientales, pero las autoridades lo informaron hasta este jueves.
Esto es parte de la respuesta al operativo llamado MYDAS, por parte del Grupo Operacional Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, en el Parque Nacional Tortuguero y zonas aledañas.
«La Operación MYDAS, tiene como objetivo fortalecer la vigilancia para atacar los delitos relacionados en especial arponeo de tortugas, cacería y tala ilegal en Limón», dijo Miguel Madrigal, jefe del Grupo Operacional Ambiental (GOA).
Arponeo de tortugas
Durante el operativo, fueron detenidos seis sujetos que se encontraban pescando tortugas con arpón.
Tanto el capitán de la embarcación, de apellido Alvarado, como los otros cinco tripulantes de apellidos Salguero, Núñez, Gómez, Varela y Céspedes fueron trasladados a la Fiscalía de Guápiles como corresponde, quedando a la orden de los Tribunales de Justicia.
Cacería ilegal
Otros dos individuos de apellidos Rojas y Corrales, fueron pasados a la Fiscalía de Guápiles por cacería ilegal.
A la hora de la detención, uno poseía un armadillo y un arma blanca y el otro un rifle, machete y foco.
Durante el operativo se requisaron varias lanchas sospechosas sin encontrarse hallazgos vinculados con delitos ambientales. A estos casos, se les dará seguimiento.
Otras tres están vinculadas con el uso y transporte de madera ilegal, de apellidos Aguilar y Vargas.
Por cacería, tenencia y portación ilegal de armas, la pena va de tres meses a cinco años de prisión, mientras que por los delitos de Infracción a la Ley de Vida Silvestre las personas se exponen a penas de seis meses a un año de cárcel.
Sin embargo, podría aumentar de uno a tres años, si se trata de animales en peligro de extinción.
