Redacción. Después de todo el escándalo que se presentó en el país por la creación de la Unidad de Investigación de Análisis de Datos (UPAD), la diputada liberacionista, Silvia Hernández, presentó una reforma constitucional para que se refuerce este tema.
Adicionalmente, esta reforma propone incorporar un concepto más comprensivo del “derecho a la intimidad”, que está actualmente en la Constitución Política, para que se sustituya por “el derecho a una vida privada”, lo que permite contar con una normativa acorde con instrumentos internacionales de derechos humanos.
En Costa Rica, se ha comprendido que el derecho a la protección de datos se deriva de varias garantías constitucionales, las cuales conforman el conjunto de derechos vinculados con el derecho a la intimidad.
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La reforma pretende que de manera urgente se abra la discusión de estos temas y se concreten soluciones eficientes por parte de la Asamblea Legislativa.
Se pide que se reforme el artículo 24 de la Constitución Política para que en lo sucesivo de lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la vida privada, a la protección de los datos personales, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Mediante ley especial podrán adoptarse limitaciones a estos derechos para salvaguardar la seguridad nacional, la seguridad pública, la protección de la salud pública, la protección de los derechos y las libertades de terceros, así como por cuestiones de interés público.
