Redacción. Los diputados del Partido Liberación Nacional, Roberto Thompson y Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana, entregaron una propuesta alternativa al proyecto de ley de Empleo Público.
Paradójicamente los diputados que apoyaron este texto con su voto manifestaron
estar en contra de la redacción actual y anunciaron cambios sustanciales que
serían necesarios para que este proyecto sea aprobado.
En efecto, el texto aprobado presenta serios vicios de inconstitucionalidad, está colmado de errores e ilegalidades desde su exposición de motivos, por lo que futuras correcciones o parches son insuficientes.
«No es justo que un tema tan serio sea tomado a la ligera por el gobierno, sin incluir a las organizaciones sociales en su elaboración y construido a punta de remiendos», destacó.
El texto alternativo será convocado por la Asamblea de trabajadores del Banco Popular para debatirlo ahí:
1. Despolitización del Empleo Estatal: Este proyecto elimina las “superpotestades”
que el Gobierno pretende dar al Ministerio de Panificación para la gestión del
Empleo Público, lo que implicaría politizar y someter la función pública al capricho
del gobernante de turno, siendo esto totalmente contrario a lo que tuvieron en mente
los constituyentes.
2. Fortalecimiento del Servicio Civil: Este proyecto pretende fortalecer el Servicio
Civil otorgándole las potestades que el Gobierno pretende darle al MIDEPLAN,
además de las herramientas necesarias que le permitan cumplir dignamente con su
misión plasmada en nuestra constitución.
3. Salario Global: Este proyecto mantiene el salario global, pero lo hace optativo para
los funcionarios actuales.
4. Respeto al derecho a la negociación colectiva: Este proyecto reconoce el
derecho de la negociación colectiva porque se trata de un derecho ya establecido
en nuestro ordenamiento jurídico, dejando claro que deberá ejercerse respetando
las regulaciones y limitaciones existentes.
5. Regulación diferenciada para las empresas del Estado: Este proyecto de ley
entiende que las empresas del Estado se rigen por un régimen de empleo
predominantemente privado, y, en consecuencia, propone para estas una
regulación especial acorde con la naturaleza de la actividad comercial que realizan
para que puedan ser competitivas y eficientes.
