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Defensoría pide a Salud garantizar derecho a decidir sobre aplicación de vacuna contra la Covid-19

Autoridades tendrán cinco días hábiles para responder cuestionamientos de la entidad

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  • La entidad envió un oficio a la CCSS y Salud

Redacción- La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Salud y a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una serie de informaciones detalladas en torno al proceso de vacunación contra la Covid-19 que se desarrolla en el país.

“Para la Defensoría es importante que se tome en consideración que los esfuerzos llevados a cabo por el país para el combate de la pandemia, responden a un asunto de salud pública y de respeto al derecho fundamental a la vida, que debe ser reconocido a todas las personas, principalmente a aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, sin discriminación alguna basada en ninguna condición o circunstancia social”, dijo la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.

Entre los datos solicitados están, que se le remita una copia del consentimiento informado en el cual las personas aceptan ser vacunadas.

Además, los criterios técnicos con base en los cuáles se establecieron los grupos prioritarios de aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

La Defensoría también solicita información relacionada con la aplicación de la vacuna a trabajadores administrativos de la CCSS, al grupo 2 (personas mayores a los 58 años), al grupo 4 en el cual están incluidas las personas privadas de libertad, y al personal docente del Ministerio de Educación Pública.

Si bien la entidad dice estar satisfecha con el proceso realizado hasta ahora en temas de vacunación, asegura que ante cuestionamientos, es necesario que por transparencia y en protección de las poblaciones más vulnerables, se dé a conocer en detalle la priorización establecida por el Estado para su aplicación.

Por otra parte, la Defensoría solicitó los criterios de priorización para la vacunación a los grupos vulnerables como personas adultas mayores, población indígena, y personas con discapacidad; entre otras.

Las autoridades tienen cinco días hábiles para enviar el informe correspondiente.

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