- Hombre aprovechaba su negocio de impresiones como una mampara
- Sospechoso se expone hasta a 8 años de cárcel
Redacción- Un falsificador de documentos fue arrestado este martes por autoridades policiales.
Oficiales de la Policía Profesional de Migración, luego de dos allanamientos bajo la dirección funcional de la Fiscalía Adjunta de Fraudes realizó dos allanamientos para lograr la captura.
Las diligencias se dieron en el sector de San Cayetano, en San José, y en el cantón de Escazú, en una vivienda y un comercio, respectivamente.
El hombre detenido es un costarricense identificado por las autoridades como de apellidos Vargas Quirós.
Vargas, de acuerdo con el informe policial, se dedicaba a la falsificación, venta y distribución nacional e internacional de documentos públicos y privados.
Fue tras una investigación que se vinculó al Vargas con la venta y falsificación de documentos, la cual realizaba dentro y fuera del país.
De hecho, el hombre hacía envíos a nivel internacional a destinos como Suramérica, Norteamérica, Asia, Europa y Medio Oriente.
Autoridades determinaron que el hombre, por la la confección de pasaporte, cédula y licencia, Vargas cobraba entre $10 y $12 mil, dependiendo del perfil del comprador.
Su documento más cotizado era el pasaporte costarricense, el cual no era falsificado sino alterado con la identidad de quien lo requería.
«Se trataban con documentos genuinos pero manipulados, siendo de gran demanda por la gran aceptación que tienen, sobre todo en exoneración de visas, a nivel mundial, siendo la documentación falsa nacional aprovechada por sus compradores», informó Migración.
De acuerdo con el director de la Policía Profesional de Migración, Stephen Madden, el hombre aprovechaba un comercio de impresiones para realizar el delito.
El imputado será presentado en los Tribunales de Justicia de San José y enfrentará cargos por el delito de Falsificación de documentos públicos y auténticos, venta o distribución de documentos públicos o privados.
La ley establece que Vargas se expone a penas de prisión de hasta ocho años, según el Código Penal de Costa Rica.
