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Redacción- La Defensoría de los Habitantes presentó un amparo de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

Lo anterior para que se ordene a la Intendencia de Energía y al Regulador General de la República, ambos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), dictar el acto final y definitivo de la propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles.

La acción judicial de la Defensoría se da en razón de que la ARESEP no ha resuelto la gestión planteada por este ente defensor y demás interesados, ante la audiencia pública convocada por la Autoridad Reguladora para exponer “La propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”.

Cabe destacar que esta Defensoría procedió a presentar en tiempo y forma, el día 20 de noviembre del año 2020, su posición oficial sobre dicha propuesta y al día de hoy no ha recibido respuesta.

La Defensoría sustenta su gestión ante el Tribunal Contencioso Administrativo en el interés público de obtener la eventual resolución administrativa de la propuesta de modificación del modelo tarifario para fijar el precio interno de los combustibles, que venga a ajustar la fórmula preestablecida, con el fin de incorporar los datos de los costos reales de importación de combustibles derivados de los hidrocarburos, en los que incurre RECOPE, en lugar de los precios de referencia, los cuales crean como distorsiones en la metodología vigente que perjudican al usuario final mediante el encarecimiento en los precios de los combustibles.

 “La implementación de los cambios sugeridos por la Defensoría ante la ARESEP permitirían que los precios internos de los combustibles cumplan con el principio de servicio al costo -establecido en la Ley 7593- lo cual haría que los precios internos de los combustibles sean menores a los obtenidos hoy en día con la metodología  vigente. Además, se simplificaría la fórmula de cálculo, para mayor facilidad y claridad en la aplicación para los interesados y, se reducirían las fluctuaciones internacionales que impactan al alza el precio interno”, manifestó la Defensoría en el amparo de legalidad.

La Defensoría pretende, a través de su petitoria, ajustar el valor de fijación en los precios de los combustibles al principio de servicio al costo, lo cual atenuaría el traslado sistemático de las variaciones que experimentan el promedio de precios de los combustibles en el mercado internacional y que se traslada, a través de la metodología actual, al mercado nacional, afectando con ello al consumidor y generando una escalada de precios en el mercado interno.