- Fue detenido por el OIJ este lunes
Redacción – Camilo Saldarriaga, asesor del presidente Carlos Alvarado, manifestó años atrás su odio por la corrupción y el abuso de poder, pero este lunes fue intervenido por ser sospechoso de estar involucrado en una red de este tipo dentro del gobierno.
«Me enoja bastante el abuso de poder por parte de algunas personas que están en situaciones privilegiadas. Me enoja también la corrupción, la falta de transparencia no solo de las personas, sino también en instituciones que uno ve todos los días», indicó en su momento.
Este vídeo circula en redes sociales desde que se confirmó su detención y se trata de una entrevista dada al Canal de la UCR en sus épocas de estudiante cuando se postuló como presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR por el Partido Progre.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, indicó que los funcionarios públicos investigados obtuvieron múltiples beneficios por parte de las compañías, como viajes, carros, terrenos, dinero y hasta favores sexuales.
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Saldarriaga llegó junto a su familia desde Colombia por conflictos armados en ese país. Estudió economía y posteriormente se convirtió en el gerente de la campaña de Carlos Alvarado durante su candidatura.
Ahora es la mano derecha del mandatario como asesor de confianza, pero el OIJ y la Fiscalía determinaron que está involucrado en el grupo criminal.
Fueron 57 allanamientos desarrollados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el OIJ para recoger pruebas para la investigación contra un grupo criminal dedicado a la corrupción en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública.
La casa del asesor de Alvarado fue allanada por los agentes, quienes buscaban más pruebas para aportar a la investigación.
Aparentemente y según ha determinado la investigación, las empresas privadas daban beneficios a los funcionarios públicos de Casa Presidencial y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la contratación de servicios.
Específicamente se investigan los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.
