Redacción. Los diputados aprobaron una moción para conformar una comisión de siete miembros que investigue el caso «Cochinilla».
También la integran: Franggi Nicolás Solano (PLN), Enrique Sánchez Carballo (PAC), Xiomara Rodríguez Hernández (Restauración Nacional), José María Villalta Florez-Estrada (Frente Amplio) y el independiente Jonathan Prendas Rodríguez.
La comisión sesionará los jueves de 9:00 am a 11:00 am, y tendrá plazo hasta diciembre 2021 para rendir informe ante el Plenario Legislativo.
La moción para conformar esta comisión había sido planteada por Jonathan Prendas, de Nueva República y Franggi Nicolás, de Liberación Nacional.
Nicolás dijo que este es otro de los casos de corrupción más grandes de nuestro país que involucra a instituciones y funcionarios públicos y que la Asamblea Legislativa tiene que accionar.
La congresista dijo que la Contraloría General de la República debe dar cuentas sobre lo que pasó y celebra que se haya aprobado la apertura de esta comisión.
Jonathan Prendas dijo que este tema no puede pasar desapercibido y que debe investigarse. Necesitamos en muy pocos meses darnos cuenta de qué cosas sucedieron en los contrato
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El caso «Cochinilla»
Directivos y funcionarios de Conavi son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público debido a aparentes casos de corrupción durante los procesos de contratación.
En apariencia, los funcionarios públicos recibieron sobornos y dádivas como viajes, carros, terrenos, casas y hasta favores sexuales a cambio de las licitaciones para obras viales a nivel nacional, así como acuerdos de pago y otros beneficios, de acuerdo con las investigaciones preliminares.
Tras lo sucedido, los funcionarios y constructoras son sospechosos de estafar al Estado con ₡78 mil millones.
Hasta el momento permanecen detenidas 30 personas aparentemente involucradas en estos graves hechos y, además, el OIJ y la Fiscalía allanaron 57 inmuebles para avanzar con la investigación.
Específicamente se investigan por los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.
