Redacción- El diputado de Nueva República, Harllan Hoepelman, encontró respuesta a su interrogante del porqué las carreteras se encontran en pésimas condiciones y salen carísimas, tras el megaoperativo realizado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las autoridades detuvieron a 28 personas, entre funcionarios del gobierno y empresas constructoras, y decomisaron pruebas en contra de este grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI).
El legislador señaló que estas son las cosas que tienen mal al país y que la corrupción en el gobierno no debe ser tolerada, ni en el Partido Acción Ciudadana (PAC) ni en el de los mismos de siempre.
Hoepelman entendió la razón del porqué las calles siempre están mal y salen carísimas.
“Peculado, sobornos, asociación ilícita, malversación de fondos públicos entre muchos más son los “ingredientes” más comunes en la receta de corrupción de esta administración y de funcionarios muy cercanos al presidente”, criticó el legislador.
Este sería el caso de corrupción más importante y tejido de nuestra historia. Para el diputado esto es un completo descaro que no puede quedar impune, pues se trataría de toda una red de empleados públicos favoreciéndose a costa de todos los costarricenses.
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En total, han logrado detener a 28 de las 32 personas inicialmente investigadas por estafar al Estado con 78 mil millones de colones.
La investigación arroja que gran parte de funcionarios del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI) y otros jerarcas que tienen que ver con temas de presupuesto y con temas de aprobación de montos de dinero que se destinan a la obra pública, efectuaban una malversación de fondos.
Los funcionarios destinaban fondos para alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente o ya establecido.
Además, el uso irregular de ese dinero lo que pretendía era dotar a los proyectos de determinadas compañías o empresas de recurso económico que les permitiera continuar el desarrollo de su actividad comercial.
