Foto: Roberto Carlos Sánchez - Casa Presidencial.
  • Asesor de confianza del presidente es investigado por presunta corrupción

Redacción – El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, suma más de nueve horas de guardar silencio ante los allanamientos y detenciones de funcionarios públicos que iniciaron a eso de las 7:00 de la mañana.

28 personas resultaron arrestadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras determinarse que, aparentemente, están vinculadas con una red de corrupción dentro del gobierno.

Entre los investigados está Camilo Saldarriaga, quien fue el gerente de campaña de Alvarado como candidato presidencial y, ahora, es su asesor y mano derecha.

El Ministerio de Comunicación aclaró a eso de las 3:00 de la tarde que este trabajador no fue detenido por las autoridades.

Fueron 57 allanamientos desarrollados por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el OIJ para recoger pruebas para la investigación contra un grupo criminal dedicado a la corrupción en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública.


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Entre los inmuebles allanados está la casa y la oficina de Saldarriaga, donde los agentes buscaron documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes.

No obstante, Alvarado continúa sin referirse a lo sucedido, pese a que se trata de un funcionario a quien él colocó en un puesto de confianza.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, indicó que la investigación apunta que los funcionarios públicos en cuestión obtuvieron múltiples beneficios por parte de las compañías, como viajes, carros, terrenos, dinero y hasta favores sexuales.

Aparentemente, estas personas recibieron sobornos por parte de las constructoras para las licitaciones de obras públicas.

Específicamente se investigan los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.