Redacción-El dueño de la constructora MECO, Carlos Cerdas, debió dejar en caución $8 millones y la dueña de H.Solís, Mélida Solís, otra por la suma de $3 millones, para poder ser dejados en libertad mientras se les investiga en el caso «Cochinilla».
Ahora la fiscalía solicitó formalmente al juez coordinador del Juzgado Penal de Hacienda, Hugo Porter, la nulidad de la caución real.
El motivo principal sería que los fiscales consideran que el dinero como medida de caución no es suficiente como para evitar que los imputados Cerdas y Solís, se puedan dar a la fuga.
Para ello, los fiscales piden que se elimine la caución y que se considere otro tipo de medida cautelar en una nueva audiencia.
De igual forma, los empresarios tienen otro tipo de medidas adicionales como no acercarse a un kilómetro del aeropuerto, impedimento de salir del país, prohibido acercarse a un kilómetro del CONAVI y entregar sus pasaportes.
Sus abogados echaron mano de cuatro propiedades de la empresaria, con el fin de liberarla y que de esa forma volviera a ver a su familia, luego de estar tras las rejas desde el pasado 14 de junio.
Un perito fue designado para que verificara todo. Las mismas están ubicadas en la capital y tendrían un valor superior al de los $3 millones, los cuáles son los que piden las autoridades para que saliera de su calabozo.
Dicho dinero será regresado por el estado cuando termine todo el proceso, debido que la fianza es una garantía para asegurar que la persona no se va fugar del proceso. Además, garantiza que los imputados se someterán al juicio.
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Garantía de Carlos Cerdas
Carlos Cerdas, dueño de MECO canceló $5 millones de fianza con certificados de depósito a plazo. Este es un instrumento de ahorro o inversión donde se guarda dinero en una institución financiera, a cambio de interéses desde la fecha en la cual ingresó el dinero hasta cuando los retira. Dicho monto también será devuelto por las autoridades cuando termine todo el proceso.
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El caso «Cochinilla»
Directivos y funcionarios de Conavi son investigados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público debido a aparentes casos de corrupción durante los procesos de contratación.
En apariencia, los funcionarios públicos recibieron sobornos y dádivas como viajes, carros, terrenos, casas y hasta favores sexuales a cambio de las licitaciones para obras viales a nivel nacional, así como acuerdos de pago y otros beneficios, de acuerdo con las investigaciones preliminares.
Tras lo sucedido, los funcionarios y constructoras son sospechosos de estafar al Estado con ₡78 mil millones.
Hasta el momento permanecen detenidas 30 personas aparentemente involucradas en estos graves hechos y, además, el OIJ y la Fiscalía allanaron 57 inmuebles para avanzar con la investigación.
Específicamente se investigan por los delitos de cohecho propio, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, falsedad ideológica, malversación de fondos públicos y estafa en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios del MOPT, Conavi y Ministerio de Hacienda, así como los trabajadores de las constructoras.
