Redacción- El pedir el cierre del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) no es nada nuevo, pues desde el año 2013, la Defensoría de los Habitantes lo hizo.
Fue a raíz de una investigación de oficio que inició el ente Defensor en el 2012, para conocer el actuar del CONAVI detectando, desde ese momento, una serie de falencias en su gestión.
El estudio concluyó que en dicho Consejo había un irrespeto a lo establecido en carteles de licitación, falta de sanción a los funcionarios responsables de hechos irregulares, desvío de vehículos adquiridos con presupuesto del CONAVI, los cuales se encontraban en otros entes y no se efectuaban procesos para recuperarlos; así como problemas detectados por parte de la Contraloría General de la República de orden normativo en la contabilidad institucional del CONAVI.
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A pesar de los hallazgos no se realizaban procesos tendientes a resolver estas debilidades, y por el contrario, se visualizaban nuevas falencias como las puestas en la palestra pública en la actualidad.
Según lo indica Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes: “No es de recibo que desde hace 8 años se hayan efectuado recomendaciones sustentadas en datos e investigaciones de la Controlaría General de la República, con la finalidad de mejorar la inversión pública y que a la fecha el Gobierno no solo no las haya atendido, sino, más grave aún, que el problema se haya agudizado por la falta de control y transparencia en el uso de los recursos y supervisión de obra pública que son pagadas por todas y todos los contribuyentes”.
Es por ello que para la Defensora de los Habitantes debe hacerse un llamado vehemente al Gobierno a tomar las acciones necesarias y pertinentes a fin de atender estas recomendaciones las cuales hoy más que nunca están vigentes. Situación por la cual el día de hoy está remitiendo una relación de hechos sobre este tema al Ministerio Público.
