- Robo de cable afecta derecho a la comunicación de miles de personas en Costa Rica.
- Tanto el ICE como la SUTEL evaden responsabilidades
Redacción- Los vecinos de la comunidad de San Luis de Jiménez, en Pococí de Limón, están desde principios de este 2021 sin el servicio de telefonía fija en sus casas de habitación, como consecuencia del robo del cable que permitía la comunicación en la localidad.
Según un estudio de la Defensoría de los Habitantes, esta situación afecta a alrededor de 50 familias, algunas de ellas compuestas por personas adultas mayores; y con discapacidad, quienes requieren del teléfono fijo para gestionar citas en los servicios de salud y comunicarse con sus familiares; sin olvidar que este es un canal de comunicación vital cuando se presentan emergencias.
Cabe destacar que en esta comunidad la telefonía celular es muy deficiente, y no todas las personas tienen acceso a un móvil.
Tras pedir cuentas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), preocupa a la Defensoría que, más que tutelar este derecho fundamental, las autoridades de esta entidad desvían la atención al robo del cable a la interposición de la denuncia ante el OIJ, y al hecho de que los 79 servicios fijos residenciales afectados se encuentran en suspensión temporal y, consecuentemente, no se está emitiendo facturación, dando a entender que eso resulta positivo para los habitantes del lugar.
Otro aspecto que resulta inadmisible para este ente defensor, tiene que ver con lo indicado por las autoridades regionales del ICE, en cuanto a que la reposición de redes no se encuentra planificado ni presupuestado.
Se indica que, una vez que se realizó el análisis técnico y presupuestario correspondiente, se determinó que el restablecimiento de los servicios se podría realizar hasta el mes de enero del año 2022, es decir, un año después, asumiendo que no había otra opción y que se debía esperar a esa fecha, pero sin aportar el más mínimo detalle de cómo llegaron a esa decisión.
Para la Defensoría de los Habitantes, como Institución Nacional de Derechos Humanos, la afectación de la telefonía fija por robo de cable es una situación que afecta a varias comunidades del país, por lo que hace un llamado a las autoridades competentes a asegurar la eficiencia, igualdad, continuidad, calidad, y cobertura en el servicio público de telefonía fija, tal y como lo ha sentenciado la Sala Constitucional (Nº 2015-003920), destacando el carácter prestacional y esencial del servicio telefónico básico tradicional.
En el caso en concreto, en respuesta a consulta realizada por la Defensoría a la SUTEL, se mencionó que con base en el Fideicomiso de FONATEL se asignó al operador Claro el desarrollo de un proyecto en las comunidades pertenecientes a los distritos de Pococí.
Dicho proyecto estableció como objetivo, proveer el acceso a servicios fijos de voz e internet; sin embargo, según la metodología utilizada para la selección de zonas de atención, la comunidad de San Luis, distrito Jiménez y sus comunidades, no se encuentra dentro del alcance del proyecto, al no cumplir con los parámetros y condiciones establecidos en el mencionado fideicomiso.
