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Alcaldes y funcionarios municipales pasaron su segunda noche en la cárcel

La audiencia de solicitudes de medidas cautelares continúa este miércoles

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Redacción- Este miércoles, se cumplen dos noches en que han tenido que dormir en las cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los seis alcaldes, cuatro funcionarios municipales, un empresario de MECO y otro de Explotec.

Los imputados en el Caso denominado Diamante, están a la espera de que concluya la audiencia en Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública donde la Fiscalía Anticorrupción  solicita medidas cautelares. La audiencia comenzó ayer martes a las 10:30 am pero se desconoce cuánto tiempo más durarán.

Por otra parte, la Fiscalía dará a conocer el tipo de medida cautelar que se solicitará hasta que finalice la audiencia.

Los alcaldes detenidos fueron:

  • Araya Monge  Alcalde de San José 
    Córdoba Soro  Alcalde de San Carlos 
    Redondo Poveda  Alcalde de Cartago 
    Soto Herrera   Alcalde de Alajuela 
    Cole De León  Alcalde de Osa 
    Barahona Cortés  Alcalde de Escazú 

Los funcionarios municipales detenidos son:

Boraschi González  Funcionario Municipalidad de Escazú 
Chacón Ugalde   Funcionario Municipalidad de Alajuela 
Suárez Vásquez  Funcionarios Municipalidad de Golfito 
Mayorga Mayorga 
Castro Camacho  Funcionario Municipalidad de San José 

 

Por su parte los empresarios son:

Gutiérrez Vargas  Empresa MECO 
Cruz Porras  Empresa Explotec 

 

De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal, la cual, presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, intervino para generar beneficios indebidos principalmente para MECO, dentro de procesos de contratación administrativa, conservación y estructura vial y concesión de obra pública. Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades.

Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.

A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.

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