- Según expertos, el PIN no garantiza la prevención de fraudes y más bien podría generar mayor inseguridad.
Redacción-A partir del primero de febrero, los consumidores que compren productos o servicios por un monto mayor a 30 mil colones deberán digitar el PIN de su tarjeta en el datáfono del respectivo comercio.
Lo anterior porque así lo establece una nueva directriz del Banco Central de Costa Rica (BCCR) que rige para clientes de bancos públicos, privados y cooperativas.
Precisamente en diciembre del año pasado, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) envió al Banco Central una serie de observaciones sobre la implementación de esta medida.
Según ABC, es preocupante que esta directriz obligue a los usuarios a administrar un PIN por cada dispositivo de pago que tenga, lo que puede resultar complejo e incluso podría generar una mayor inseguridad, a pesar de que la finalidad sea reducir el riesgo de fraude.
“Los bancos han hecho un gran esfuerzo e inversión para implementar productos y plataformas que garanticen el menor contacto para los usuarios, lo que significa un retroceso en esta tendencia”, indicó Ronulfo Jiménez, asesor económico de la ABC.
Según Jiménez si a esto le sumamos el riesgo de contacto en tiempos de pandemia y en un momento de aumento desmedido de casos de Covid-19, la directriz sin duda pone en riesgo a la población.
Por otro lado, debido a la complejidad que puede representar para los clientes, podría fomentar el uso de efectivo o de otros mecanismos, como por ejemplo SINPE Móvil, lo que disminuye la trazabilidad de las operaciones y reduciría la retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que actualmente realizan los emisores de las tarjetas.
“Esta medida sin duda viene a desincentivar el uso de las tarjetas y busca que los usuarios se inclinen por otras formas de pago que al final pueden resultar menos seguras”, aseveró Jiménez.
La Asociación Bancaria Costarricense le pide al Banco Central, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, que reconsidere la medida.
