Redacción-El gobierno remitió para conocimiento de la Asamblea Legislativa, una carta enviada por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), órgano rector a nivel mundial en materia de estupefacientes.
En ella se solicita información sobre el proyecto de ley n° 21.388, ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial.
Dicha carta fue enviada por la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el ministro a.i. de Relaciones Exteriores y Culto, Christian Guillermet, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, jefes de fracción y diputados independientes, junto con la nota remitida por la JIFE, entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entidad creada por la Convención Única de Estupefacientes de 1961.
Actualmente el Poder Ejecutivo está efectuando una valoración del texto aprobado por la Asamblea Legislativa, incluyendo el que las disposiciones estén dentro del marco de la legislación internacional en la materia, tal como la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
En su nota Dinarte y Guillermet señalan a la Asamblea Legislativa que “desde octubre del año 2020 el Poder Ejecutivo había indicado a la Comisión Permanente Especial de Ambiente que el texto en discusión debía ser conforme con los instrumentos internacionales suscritos por el país, para evitar roces de constitucionalidad y legalidad.
Lo anterior particularmente en cuanto al control establecido en dichos instrumentos sobre el tetrahidrocannabinol (THC) así como lo estipulado en relación con el cultivo de la planta cannabis en sus diferentes variedades, resaltando la imperiosa necesidad de que el proyecto de ley se apegue a las definiciones y nomenclatura que rigen toda la normativa internacional”.
