- Reclaman por decisión del Estado de abrir proceso de escogencia para que una nueva empresa brinde el servicio por los próximos dos años.
Redacción – La Contraloría General de la República (CGR) resolvió en contra de la empresa española Riteve SyC, misma que presentó días atrás un recurso de objeción en contra del proceso para escoger una nueva empresa que brinde la revisión técnica vehicular (RTV).
Situación que es impulsada por la administración de Rodrigo Chaves con el fin de escoger la nueva concesionaria que se encargará de brindar este servicio.
Labor que tendrían que efectuar por un lapso de dos años bajo la figura de permiso de uso bajo condiciones de precario.
Esto quiere decir que la empresa que gane la licitación solo deberá contratar al personal y responder por ellas, debido a que el equipo que utilizarán será el mismo que tiene Riteve hoy en día y que pasará a estar en manos del Estado.
«Se resolvió rechazar de plano, en razón de que el recurso de objeción al cartel es admisible para ser conocido por la CGR, según la normativa legal vigente, únicamente en caso de licitaciones públicas, siendo el trámite objetado el trámite de un permiso de uso en precario», detalla la CGR en su resolución.
Durante la semana pasada Riteve envió una serie de peticiones hacia la Contraloría por la medida adoptada por el Gobierno de la mano con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mismas en las que señalaba una serie de aspectos.
Aspectos apuntados por la empresa española en estas solicitudes de información:
- Legalidad del uso de la figura de “Permiso en Precario” para un servicio público de esta magnitud respecto a la Ley de Tránsito y la Constitución Política.
- Legalidad de la omisión de requisitos que aseguran calidad del servicio, específicamente lo relacionado con la acreditación del Ente Costarricense de Acreditación (ECA), como requisito de ley.
- Inconsistencias respecto a las tarifas que se planean ofertar, las vigentes y las determinadas por la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), ante una posible incompatibilidad legal del uso de estas.
- No se detallan las situaciones operativas con respecto a la cantidad de líneas que deben ofertarse.
- Falta de publicación del pliego de condiciones en los medios oficiales (diario oficial La Gaceta o Sistema Integrado de Compras Públicas).
- Ausencia de detalles respecto a las condiciones de sustitución y adquisición de equipos.
- Plazos de difícil o imposible cumplimiento ante documentación extranjera que requiere ser presentada como requisito de oferta, afectando la posibilidad de participación de los oferentes (11 días hábiles para presentación de documentos consularizados o apostillados).
- Aclaración sobre requisitos de admisibilidad de las ofertas y preocupación ante la falta de proporcionalidad entre la experiencia requerida y el flujo real del servicio en la actualidad. (Se solicita una experiencia de 2 millones de revisiones de vehículos en 10 años, cantidad que representa apenas poco más de lo que se inspecciona en Costa Rica en un año).
- Ausencia de información para calcular la inversión necesaria a la operación.
- Ausencia de garantías que permitan asegurar una participación de oferentes de calidad.
