Redacción- El Ministerio de Hacienda contradijo a la Contraloría de la República (CGR) cuando señaló ) en un reporte de auditoría que el ciberataque a los sistemas institucionales experimentado en abril del 2022 había generado la “desaparición de ¢341 mil millones en impuestos”.
Hacienda manifiesta que la información del sistema de gestión documental que se utiliza para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de la División y el Departamento de Cobro Judicial fue recuperada en su totalidad tras el ciberataque.
Asimismo, aseguró que las labores de restablecimiento de los expedientes de cobro han avanzado satisfactoriamente, sin afectar los requerimientos y solicitudes de certificación de expedientes que llevan a cabo los Órganos Contralores y la Procuraduría General de la República, ni exponer el vencimiento de plazos de prescripción de las deudas.
“La aclaración a lo indicado en el reporte con respecto a los expedientes de adeudos judiciales fue remitida al ente contralor mediante oficio MH-DM-OF-0134- 2023 (adjunto) ,en el que se indica que en coordinación con la empresa que brinda los servicios de gestor documental y digitalización de expedientes desde el 2019, se cargó en el sistema cerca de un millón de imágenes de respaldos, lo que cubre las 12 mil solicitudes de prescripción, 25 mil expedientes de cobro y 18 mil expedientes asignados a los fiscales. Todos estos expedientes se ubican físicamente en el Departamento de Cobro Judicial”, manifestó Rudolf Lücke, director general de Hacienda.
El Ministerio afirma que desde la fecha de la emisión del reporte de la CGR, han realizado los esfuerzos necesarios para restablecer, de manera segura, todos los sistemas de información y la infraestructura de producción con que se brinda servicios a la población.
Como se ha indicado en diferentes foros, resta por restablecer infraestructura relacionada con ambientes internos que no afectan la prestación de servicios a la ciudadanía. Como parte de las acciones para llevar adelante este proceso, desde inicios de su gestión, las actuales autoridades institucionales organizaron sesiones con los directores funcionales, con el fin de determinar la prioridad de restablecimiento y aplicar oportunidades de mejora para corregir el proceso que se venía ejecutando.
