Redacción- Tres empresas deberán dar cuentas ante el Ministerio Público a través de una causa penal por supuestamente defraudar el fisco por un monto en común de cerca de siete mil millones de colones.
La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda remitió estas tres nuevas denuncias luego de que la Administración Tributaria les realizará fiscalizaciones exhaustivas por las que determinaron que dejaron de pagar los siete mil millones de colones en impuestos.
La primera denuncia corresponde a una presunta defraudación que supera los cinco mil
doscientos millones de colones. Se trata de una empresa que integra un grupo multinacional que trianguló operaciones utilizando una empresa domiciliada en un país con el que Costa Rica tiene suscrito un convenio para evitar la doble imposición.
De esta manera, no aplicó las retenciones ordinarias sobre remesas al exterior que hubiesen correspondido, de realizarse las transacciones directamente con la tercera empresa, que se encuentra domiciliada en un país con el que no se tiene convenio para evitar la doble imposición.
El segundo caso se trata de una presunta evasión de impuestos cercana a los mil millones de colones de una empresa que forma parte de un grupo transnacional, la cual se presume manipuló transacciones entre compañías con el aparente propósito de ocultar la distribución de utilidades hacia su beneficiaria final.
La empresa fiscalizada distribuyó dividendos a una domiciliada en Costa Rica, la cual, a su vez, los trasladó al exterior mediante una figura distinta a la distribución de dividendos. Con esta maniobra evitó la retención del 15% de impuesto sobre remesas al exterior.
El tercer expediente presentado esta semana se refiere a una presunta evasión de impuestos superior a los seiscientos cincuenta millones de colones, por parte de una empresa a la que luego del proceso de fiscalización y mediante el cruce de información financiera, se le determinaron ingresos gravados muy por encima de los declarados ante la Administración Tributaria.
Con estas tres denuncias, ya suman seis los expedientes que ha remitido la presente Administración al Ministerio Público en menos de un año, y asciende a 117 el total de casos que ha presentado la Dirección General de Tributación ante la Fiscalía en los últimos 22 años, por el presunto de delito de defraudación fiscal, el cual se castiga con la pena de prisión de cinco a 10 años.