Redacción- El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) rechazó categóricamente las afirmaciones sobre un trato inhumano a las personas detenidas en el marco del caso Barrenador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En un comunicado, el OIJ enfatizó que sus procedimientos cumplen con la normativa internacional de derechos humanos y que no se ha otorgado un trato diferenciado a los detenidos en comparación con otros casos, como los de «Diamante» y «Cochinilla».
El organismo explicó que, tras una detención, los individuos son trasladados en vehículos oficiales conducidos por los mismos investigadores. En el caso de Barrenador, siete de los ocho detenidos fueron transportados de esta manera.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, llegó por su cuenta a la oficina del OIJ, donde fue detenida y trasladada conforme a la normativa de la Sección de Cárceles.
Además, el OIJ defendió la necesidad de los allanamientos realizados para asegurar la recolección de evidencia, argumentando que la citación previa no garantiza la preservación de elementos probatorios. En este contexto, se destacó que estas acciones son comunes en investigaciones que involucran a funcionarios públicos.
El OIJ reafirmó su compromiso con la transparencia y la objetividad, insistiendo en que su trabajo no está influenciado por intereses políticos. Asimismo, el organismo reiteró su dedicación a la protección de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley, asegurando que todas las investigaciones se llevarán a cabo sin distinción y respetando el debido proceso.
El comunicado concluye con un llamado al respeto por el trabajo del OIJ y una garantía de que seguirán trabajando de manera diligente y responsable.
Lea el comunicado oficial de la policía judicial:
El Organisno de Investigación Judicial rechaza de manera contundente y categórica las afirmaciones emanadas el día de hoy en el sentido de que se haya brindado un trato inhumano a las personas detenidas por el caso Barrenador de la CCSS y mucho menos que se está actuando bajo una instrumentalización política a solicitud de intereses de alguna agrupación política en particular.
Al respecto, nuestros procedimientos están alineados a la normativa mundial de protección de los derechos de las personas detenidas de las cuales estamos certificados internacionalmente. No es cierto que se haya brindado un trato diferenciado al de otras personas detenidas en casos como los conocidos “Diamante” y “Cochinilla”.
Para que quede ilustrado y sea de conocimiento, cuando una persona es detenida en un allanamiento policial por parte de investigadores de OIJ, sea en su casa de habitación o en la calle (a manera de ejemplo), lo que procede es que sean trasladados en vehículos oficiales tipo sedán o 4×4 que conducen los mismos investigadores. Valga decir que en este caso Barrenador, 7 de las 8 personas detenidas de la CCSS fueron trasladados en este tipo de vehículos (sedán o 4×4 debido a que estaban siendo custodiados por agentes de investigación) para luego ser trasladados a celdas para su respectivo trámite interno.
En el caso particular de la señora Esquivel, ella llega por sus propios medios al OIJ de Pérez Zeledón, es detenida al igual que los 7 restantes funcionarios de la CCSS, pero al estar ya bajo la custodia de la Sección de Cárceles, debe ser trasladada bajo la normativa que rige esa materia, o sea en el vehículo especializado que tiene esta sección, que vale la pena agregar, sus procedimientos ya han sido verificados y acreditados bajo la normativa internacional de derechos humanos y que fueron auditados recientemente por la Asociación de Correccionales de América, institución norteamericana que vela por el cumplimiento de los estándares de calidad y protección de derechos de las personas detenidas. Hacerlo de otra manera sería conceder un trato diferenciado al que se otorga a las demás personas detenidas en las mismas condiciones.
En cuanto a las diligencias de allanamiento que se efectuaron en los distintos lugares, tenían como objetivo el decomiso de evidencia que de otro modo podría ser destruida o desaparecida fácilmente, como implementos tecnológicos, documentales, entre otros, por esta misma razón una citación previa no es un recurso válido para asegurar elementos probatorios amén de que se pone en sobre aviso a las personas de la actuación policial. Importante acotar que al igual que se ha hecho con muchos otros casos, en donde se han detenido funcionarios públicos como directores de instituciones públicas, mandos medios, incluso jueces y fiscales e incluso policías, el allanamiento es necesario e indispensable.
De manera firme, se rechaza que OIJ se preste para intereses políticos o de cualquier otra índole, en nuestro trabajo priva la transparencia y objetividad , además, los actos de investigación que se realizan tienen conforme al debido proceso, la revisión previa de las personas fiscales y los jueces y juezas de garantía, el país conoce de la mística, transparencia y sacrificio de las personas funcionarias del OIJ , que día a día se enfrenta a todo tipo de delincuencia, y en esta misión de protección al país y su ciudadanos, no nos doblegaremos por la molestia o los embates que se reciban.
En 50 años de historia del OIJ, si algo ha quedado claro con la detención de miles de personas, es que el OIJ es una policía técnica, científica y que no está a la orden de ninguna asociación política de este país y mucho menos realiza de sus actuaciones un show para desviar la atención de los problemas del país, tenemos una responsabilidad muy grande que la hemos venido realizando y cumpliendo a cabalidad con demasiadas limitaciones de recursos. En este particular no solo se pide respeto, sino que también se demanda el mismo por todas las compañeras y compañeros del OIJ que juraron luchar por Costa Rica independientemente de la persona que se tenga que investigar.
El país, puede tener la confianza y tranquilidad, que el Organismo de Investigación Judicial, continuará desarrollando su labor de manera objetiva, proba y apegada a la ley, se investigarán todos los hechos delictivos denunciados, sin distinción ni tratos diferenciados para las personas que puedan resultar responsables, y será en las vías jurisdiccionales donde se valoren las actuaciones y se sienten las responsabilidades al amparo de la ley.
