Redacción- La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada logró la confirmación de un año de prisión preventiva para 21 personas que están bajo investigación en el caso conocido como «Madre Patria».
Este grupo enfrenta cargos por delitos como falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
La medida cautelar fue impuesta en julio, pero la defensa de los acusados presentó un recurso de apelación.
El 25 de septiembre, el Tribunal Penal de San José resolvió a favor del Ministerio Público, manteniendo la prisión preventiva tal como se había decidido en la audiencia inicial.
Además, el Tribunal ratificó las medidas cautelares contra Rosales Apú, un funcionario del Consejo de Transporte Público, quien seguirá suspendido de su cargo.
Las condiciones de su medida incluyen la obligación de mantener un domicilio fijo, presentarse a firmar regularmente y un impedimento de salida del país.
Por otro lado, en el caso de los oficiales de la Policía de Tránsito y algunos abogados involucrados, el Tribunal decidió revocar las medidas de suspensión del cargo e inhabilitación. Sin embargo, estos individuos continuarán bajo las demás medidas cautelares previamente impuestas.
La investigación sigue su curso bajo el expediente 22-005018-0042-PE, mientras las autoridades trabajan para esclarecer todos los detalles del caso y asegurar que se haga justicia.
