Redacción- El Ministerio de Justicia y Paz ha denunciado públicamente al juez de Ejecución de la Pena de Limón, Wilbert Granados Monge, por una decisión que, según la institución, representa un grave retroceso en el control y seguridad de los centros penitenciarios del país.
La controversia se centra en su reciente fallo que suspende medidas diseñadas para regular los llamados “comisariatos” dentro de las prisiones, una situación que el Ministerio considera crítica para el mantenimiento del orden interno.
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la Policía Penitenciaria y la Dirección General de Adaptación Social han logrado avances significativos en la lucha contra el contrabando, la violencia y el crimen organizado en las cárceles. En los últimos meses, se han realizado más de 12,500 operativos penitenciarios, con el decomiso de casi 7,000 teléfonos móviles, más de 530 kilos de droga y más de 42,000 armas blancas. Además, 28 funcionarios han sido investigados y remitidos al Ministerio Público por presuntas irregularidades.
A pesar de estos esfuerzos, la decisión del juez Granados Monge de suspender las medidas de control sobre los comisariatos en los centros penitenciarios ha causado preocupación dentro del Ministerio. Los comisariatos, que históricamente han sido gestionados por privados de libertad sin respaldo legal, eran un foco de actividades ilegales dentro de las cárceles, como extorsiones y tráfico de productos ilegales. El Ministerio implementó recientemente una regulación para limitar el acceso a ciertos productos y controlar el comercio dentro de las prisiones con el objetivo de mitigar estos riesgos.
El juez, sin embargo, argumentó que la medida infringía los derechos de los internos y su proceso de reintegración social, además de contravenir el principio de dignidad humana. El Ministerio, por su parte, considera que la decisión carece de fundamento, pues no toma en cuenta los riesgos asociados al descontrol en el manejo de los comisariatos, que fomentan la violencia y el poder de grupos criminales dentro de las cárceles.
En respuesta a esta situación, el Ministerio de Justicia y Paz ha anunciado varias acciones. Primero, se ha iniciado un proceso disciplinario contra la directora del centro penitenciario de Limón, Giovanna Clealand Colwille, por desacato a las directrices superiores. También se ha presentado una denuncia penal contra el juez Granados Monge por lo que consideran una actuación irregular que favorece la criminalidad dentro de los centros penitenciarios. Además, se está elaborando un proyecto de reforma del sistema de Ejecución de la Pena, con el objetivo de fortalecer el control en las prisiones y proteger la seguridad del país.
El Ministerio ha expresado su firme compromiso con la seguridad pública y el orden penitenciario, destacando que las medidas adoptadas hasta ahora han sido clave para reducir los riesgos de criminalidad dentro de las prisiones y para garantizar la protección de los funcionarios encargados de la seguridad. La institución reiteró que seguirá trabajando en conjunto con las autoridades judiciales para asegurar que la administración penitenciaria se maneje de manera efectiva y en beneficio de la sociedad.
