Redacción- La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) desmienten categóricamente las afirmaciones de un diario nacional y de la diputada Yorleni León acerca de un supuesto acuerdo de renuncia al ejercicio del derecho de huelga en el sector educativo.
APSE y ANDE refutaron categóricamente la noticia publicada el día 29 de agosto de 2019, por no ser cierto que sus 0rganizaciones Sindicales hayan suscrito algún compromiso para no realizar una huelga en contra del proyecto de ley N° 21.049, que busca imponer restricciones excesivas al Derecho de Huelga, ni para renunciar de forma alguna al ejercicio de este derecho.
“La noticia no corresponde por tanto a la verdad de los hechos, y lo que es más grave aún, desconoce que el Derecho de Huelga, como parte esencial de la Libertad Sindical, es un derecho irrenunciable, por cuanto tiene fundamento en el Convenio N° 87 de OIT, norma internacional aprobada por Costa Rica, en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, así como en el artículo 61 de la Constitución Política, norma suprema que reconoce el Derecho de Huelga en Costa Rica, y el artículo 74 de la Carta Magna, que cataloga como DERECHOS IRRENUNCIABLES las garantías contempladas en el Capítulo único del Título V de la Constitución Política”, señalan los sindicatos..
ANDE y APSE participaron en las últimas semanas, de una mesa con presencia de la OIT, el Ministerio de Trabajo y otras organizaciones sindicales, en un ejercicio de evidente voluntad de diálogo para lograr cambios al regresivo proyecto de ley N° 21.049.
“En cuanto a la huelga en el sector educación, aspecto sobre el cual se alcanzó algún consenso para su regulación, debemos decir que nuestra lucha para que NO se prohíba su ejercicio también encuentra fundamento en la doctrina del Comité de Libertades Sindicales de OIT, por cuanto la educación no es un ámbito que atente de forma directa contra la vida, la salud o la seguridad de las personas, por lo cual se pretende crear una categoría especial y diferente a la de servicios esenciales o de importancia trascendental”, afirmaron los gremios.
Otros aspectos del proyecto, tales como la prohibición de la huelga contra políticas públicas, los rebajos de salario en caso de huelga ilegal, sin posibilidades de acuerdos para reposición de tiempo, entre otros, no lograron el consenso que esperaban y en consecuencia por ello deben salir en defensa de sus principios de lucha en favor de los y las trabajadoras del país.
