Redacción. Durante la comparecencia en la Comisión que Investiga las campañas del Partido Acción Ciudadana (PAC), Óscar Fernández, aseguró que los contratos se realizaron con la intención de defraudar al erario público.
«Fue una simulación de gastos para cobrar deuda por mil millones de colones. Todos esos contratos están viciados de nulidad y hay responsabilidades que deben afrontar juicio», destacó.
En sus declaraciones no quiso responsabilizar a los firmantes de los contratos, ni al excandidato presidencial, Ottón Solís, pero si dijo que la «corruptela comenzó en el 2009».
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Como consecuencia de esto, la Comisión aprobó la moción presentada por el diputado Gustavo Viales, de Liberación Nacional, para solicitarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizar un estudio en el cual se indique la fecha de emisión de las cédulas de identidad de los 263 ciudadanos firmantes de contratos.
Además, llamar a comparecer de nuevo a Fernández pero para que se refiera a la campaña presidencial del 2006.
