- Los transportistas no dan servicio desde el 17 de marzo
Redacción – Más de mil transportistas serán indemnizados por el Ministerio de Educación Pública (MEP), que desde el 17 de marzo no ofrecen el servio por cierre de los centros educativos por el Covid-19.
Un total de 1.200 transportistas dan el servicio a 164 mil 950 estudiantes en 3 mil 753 rutas en todo el territorio nacional.
La fórmula determina un pago de hasta 45% del monto presupuestado por el MEP para cada mes, según la cantidad de días lectivos, mientras se mantenga suspendida la educación presencial.
El monto de la indemnización para cada ruta, queda sujeto a la presentación del reclamo y la demostración, con base en la documentación por parte de cada transportista.
La ministra de Educación, Giselle Cruz, y el viceministro Administrativo, Steven González, sostuvieron con la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Transportistas.
Los representantes de la Federación –que agrupa asociaciones y cámaras que brindan servicio de transporte estudiantil– rechazaron la propuesta del MEP.
Los mismos piensan que el monto de la indemnización les resulta insuficiente, pese a no estar prestando el servicio debido a la suspensión de lecciones presenciales.
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La mayoría de los rubros por transporte responden a subsidios que se les dan a los estudiantes a través de las Juntas de Educación y Administración.
Los rubros fijos considerados para establecer el porcentaje son salarios y cargas sociales, derechos, seguros y cánones, mantenimiento de las unidades y entre otras.
«Un transportista que brinda servicio a un centro educativo con 200 estudiantes beneficiarios, con una tarifa de mil colones por estudiante durante 20 días,
Percibiría, dando el servicio, ¢4 millones, mientras que sin darlo, recibiría contra reclamo, presentando la documentación pertinente, ¢1.800.000, por concepto de indemnización”, ejemplificó González.
El Programa de Transporte Estudiantil lo ejecuta por la siguiente razón, según el programa de Transporte Estudiantil en los Centros Educativos Público:
«A favor de los estudiantes que por su condición socioeconómica de pobreza, vulnerabilidad o exclusión social, distancia al centro educativo público y acceso de las comunidades (principalmente en áreas rurales).
A los medios de transporte público u otras circunstancias concurrentes, justifique su prestación como un mecanismo para garantizar su derecho fundamental a la educación.
En el marco del principio del interés superior del niño, niña y adolescente, mediante instrumentos de equidad que permitan avanzar hacia una cobertura universal de acceso y permanencia a un servicio educativo público de calidad».
Cientos de estudiantes de escuelas y colegios públicos de todo el país reciben clases virtuales, con el fin de continuar con el curso lectivo.
