Redacción- El gobierno estudia propuestas para liberalizar el precio de algunos productos y servicios críticos para aliviar el bolsillo de los costarricenses, de acuerdo con lo expuesto por la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido, durante el seminario web Compromisos de Costa Rica con la competencia, la productividad y el crecimiento económico inclusivo.
El evento fue organizado por LEAD University como parte de la jornada Diálogos de Política Pública Post Ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Como expertos participaron Gabriela Llobet, consultora internacional en Comercio e Inversión Extranjera Directa; el empresario Franco Arturo Pacheco y el abogado Allan Thompson, especialista en Competencia, Banca y Regulación. El conversatorio fue moderado por el Dr. Ricardo Monge.
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“Desde el Consejo Económico estamos empezando a impulsar una agenda que trata de derribar distorsiones en mercados que han sido señalados.
Tenemos algunas propuestas para liberalizar el precio en algunos productos que son particularmente críticos, como por ejemplo el arroz, el café, el azúcar y el transporte marítimo, para garantizar que el peso relativo no se siga trasladando al costo, sobre todo que implica para hogares de mayor vulnerabilidad”, explicó la Ministra Garrido.
Los participantes coincidieron en que si Costa Rica busca consolidar una economía fuerte y sostenible debe mejorar la competencia interna especialmente en mercados y sectores actualmente protegidos.
De acuerdo con el análisis de los especialistas, la competencia es una de las mejores herramientas para garantizar la distribución de la riqueza y dar un respiro a los productores y consumidores para mejorar la calidad de vida, sin embargo, el país no le ha dado el énfasis que requiere.
´´La competitividad es uno de los temas sensibles, que suscitan debate en la sociedad costarricense, pero se necesitan decisiones más allá del acceso a la OCDE, pues de esto depende la capacidad para un crecimiento económico alto y sustentable, que reduzca las desigualdades y fortalezca la transparencia, así como la lucha contra la corrupción´´, comentó Llobet.
Por su lado, el empresario Franco Arturo Pacheco fue enfático en que la débil competencia y la falta de incentivos para incrementar la productividad están convirtiendo a Costa Rica en un país caro, que golpea a los consumidores al pagar precios altos.
El sector arrocero es uno de los mercados que ha estado excluido de las reglas de la sana competencia, lo que implica un aumento en el gasto de los consumidores, en especial de los más pobres.
“Los estudios de la OCDE nos muestran lo que todos sabemos, pero además nos indican la ruta, solamente debemos actuar. El beneficio de la colectividad siempre debe estar por encima de cualquier interés individual y sectorial”, aseveró Pacheco.
El empresario destacó que el arroz es un producto básico en la mesa del 70% de la población costarricense, pero que el esquema vigente compromete el bolsillo de estos hogares, quienes pagan $190 millones de más por año.
Por esta razón, el estudio económico de la OCDE de 2020 para Costa Rica sugiere que el entorno regulatorio actual del mercado del arroz es regresivo y contribuye a una mayor pobreza y desigualdad de los ingresos, por lo que eliminar la fijación de precio también ayudará a la población más vulnerable del país y beneficiará a los productores nacionales.
A modo de conclusión, los expertos coincidieron en que fortalecer la transparencia en la competitividad de los diferentes sectores del país contribuye a que los consumidores tengan mayor libertad de elección, se debe procurar eliminar gradualmente las excepciones a la regulación, y reforzar el compromiso de las empresas nacionales con el comercio y la inversión extranjera directa, para alcanzar una economía inclusiva.
