Redacción. El proyecto de ley dictaminado por la Comisión de Asuntos Sociales, expediente 21.578, para regular al Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) que ahora pasará a la corriente legislativa encontró su primer enemigo: la Universidad Castro Carazo.
Entre las razones que median para que se opongan sobresalen: no se obliga a las universidades públicas a acreditarse ante SINAES, pero sí se pretende lo realicen las universidades privadas, acción que consideramos innecesaria y es ilegítima.
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En disposiciones anteriores, la Procuraduría General de la República indicó a la Comisión de Asuntos Sociales que esto podría tener roces de inconstitucionalidad.
El sector universitario privado representa el 70% de los y las profesionales de Costa Rica, dando acceso en gran parte a estudiantes provenientes de colegios públicos, muchos de zonas y en condiciones económicas vulnerables, jóvenes que requieren facilidades, flexibilidad y una serie de beneficios con los que apoya el sector, para que puedan continuar con sus estudios superiores.
Por otra parte, proponen controlar las tarifas, según un sistema técnico que proponga el CONESUP, lo cual representaría un aumento de los costos de las universidades; que se trasladarían a los estudiantes, encareciendo sin duda, la educación del país, e imposibilitando que muchas personas puedan acceder a la educación superior.
De la misma manera, es ilegal según el artículo 46 de nuestra Constitución Política, donde expresamente se indica que, las conductas que afecten la libre competencia en los mercados están prohibidas.
Dicha fijación de topes en los precios debe ser revisada y analizada ya que, es socialmente inconveniente, innecesaria y no fortalece la calidad de la educación superior privada, lo que debería ser el punto medular y más importante en dicha reforma.
