Redacción. En momentos en que el Gobierno busca una modernización del puerto mediante una licitación internacional, la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera Caldera (SPGC) solicitaron al Gobierno que respeten los contratos vigentes.
“Desde hace varios años hemos alertado la situación de rezago en que se encontraba el terminal, que ha sobrepasado su capacidad máxima. No solo hemos hecho inversiones por sobre nuestras obligaciones, sino que hemos sido proactivos en revelar la urgencia de realizar obras que permitan que el puerto retome su competitividad”, destacó el gerente general de SPC, Ricardo Ospina.
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Agregó que aún no tienen detalles de los alcances de la resolución, que “respetamos, en el entendido que está dentro del marco legal vigente y no transgredirá bajo ningún concepto los derechos y obligaciones establecidas en los contratos ya existentes y que establecen que la concesión se extiende hasta 2026. Se debe resguardar la certeza jurídica a los inversionistas”.
El Ejecutivo reiteró que la decisión de modernizar el puerto debe ser la prioridad, pues “hoy hay importantes efectos para todos quienes son parte de la cadena logística. Seguir posponiendo estas obras, que ya deberían estar en marcha, afecta en definitiva a todo Costa Rica”.
