- Piden valorar otras alternativas
- Afirman que eso sería una recarga para las mujeres
Redacción – El Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) se opone al proyecto de ley que exige que las madres den una rendición de cuentas para saber en qué gastan la pensión alimentaria de sus hijos.
La institución afirma que es violencia patrimonial y que la iniciativa no es acorde con la realidad nacional donde se fijan montos bajos como pensión.
Dentro de sus argumentos, el Inamu afirma que es frecuente que los alimentos se compren en pulperías u otros comercios que, dada su naturaleza tributaria de régimen simplificado, no tienen el deber de emitir factura, lo cual complejiza aún más el cumplimiento de esta ley si se aprueba.
«El ordenamiento jurídico ya tiene vías para judicializar la situación en caso de que el dinero de la pensión alimentaria no esté siendo bien utilizado», indica el Inamu.
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En Costa Rica existen 189.927 expedientes de pensiones alimentarias activos, con un monto promedio de ₡102.671 por caso y no por persona beneficiaria, según datos del Observatorio de Género del Poder Judicial.
«A esa realidad se suma la evidencia que arroja la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia de 2018 y del Observatorio de Género del Poder Judicial que indican que las mujeres son quienes históricamente quedan a cargo de las personas menores de edad, adultas mayores y personas con discapacidad, lo que constituye una sobrecarga no solo del cuido, sino económica a las mujeres», dice el Inamu.
Por otro lado, afirman que la aprobación de este proyecto de ley implicaría una mayor carga de trabajo para los juzgados de pensiones alimentarias.
La institución pide a los diputados no aprobar el proyecto de ley 21.702 y que valoren otras alternativas más idóneas para resguardar el derecho de las personas beneficiarias de las pensiones, como menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.
