Asamblea Legislativa. El proyecto de ley que analizan los diputados que integran la Comisión de Económicos le preocupa a Martha Acosta, contralora general de la República, porque deja de lado los derechos de los usuarios y no se establece que reciban un servicio de calidad.
Además, podrían desvirtuar la naturaleza para la que se creó el Consejo de Transporte Público al crear un Fondo Nacional de Movilidad.
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Dicho fondo se financiaría a través de pagos de inscripción de las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), el aporte mensual del 3% del precio final del servicio y del canon actual de $200 por servicio y $75 por conductor.
El CTP utilizaría el fondo para la modernización del transporte público y en los primeros 8 años, para cambiar la flota de taxis.
“La duda surge, luego de que el proyecto no cuenta con el criterio técnico de cada uno de esos rubros y eso deben analizarlo cada uno los diputados”, aseguró.
Para la Contralora, el expediente 21.228 no incorpora las posibilidades ante alguna instancia administrativa para hacer valer sus derechos.
Esto, pese a que establece obligaciones para los prestadores del servicio y las plataformas tecnológicas.
Ni tampoco redacta cómo pueden los usuarios efectuar reclamos o presentar denuncias.
