Redacción- Corte remitió a Hacienda una reducción de ¢6 mil millones para el 2018, esto es para contribuir con la situación fiscal del país.
Garantizar los recursos suficientes para la atención de los servicios judiciales, infraestructura y desarrollo tecnológico, fueron algunas de las prioridades que destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacendarios que analiza el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2018.
Chinchilla Sandí recalcó que para la construcción presupuestaria de la institución, se dictaron un total de 116 directrices relacionadas con la contención del gasto, para garantizar un proceso de formulación responsable y serio, con criterios que responden al Plan Estratégico Institucional.
De esta manera, se plantea que el plan de gasto del Poder Judicial para el próximo año alcance los ¢474 792 millones. Esto representa un incremento del 1,9% con respecto al año anterior. Además corresponde a un 5,1% del total del Presupuesto de la República.
El jerarca judicial destacó que entre las prioridades judiciales están las inversiones en construcción, relacionadas con proyectos de reforzamiento estructural, mantenimiento y construcción, que contempla el edificio principal de la Corte, Liberia, Osa, Pococí, Alajuela, Los Chiles, San Ramón, San Carlos, Heredia, el Archivo Judicial, el Departamento de Ciencias Forenses y el Edificio de Tomas de Muestras. Esto representa un 2,6% del total del presupuesto institucional.
El desarrollo tecnológico integra los proyectos vitales para el próximo año, con el fin de potenciar los servicios judiciales en línea, para ello se presupuestó para la plan de inversión un total de ¢10 115 millones, que corresponden a mantenimiento y desarrollo de la plataforma informática, seguridad informática, proyectos instituciones.
El Presidente de la Corte precisó que el incremento del 1,9% del presupuesto para el 2018, corresponde específicamente a los rubros de alquiler de edificios, locales y terrenos para las nuevas reformas procesales, así como el alquiler de equipo de cómputo para renovación de contratos y la cobertura de la brecha digital, el pago de servicios eléctricos y actualización de los servicios de telecomunicaciones, de limpieza, seguridad y personal humano relacionados en su mayoría con dichas reformas.
En materia de implementación de las reformas procesales civil y laboral, el presupuesto para la puesta en funciones alcanza los ¢19 901 millones, de los cuales ¢9438 millones corresponden a la reforma procesal laboral y ¢10462 millones para la civil.
