- Industriales enfatizaron la importancia de la reducción del crecimiento del gasto público
- ICR sostiene que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas debe aplicar a todas las instituciones del Estado.
Redacción- El sindicato de empleados del Banco Nacional en una acción de inconstitucionalidad reclama a la Sala Constitucional privilegios por más de ¢23.000 millones, por los recortes a las anualidades, el tope a cesantía y el nuevo modelo de cálculo de pluses.
Por ello, la Sala Constitucional acogió la coadyuvancia que presentó la Cámara de Industrias de Costa Rica en contra de los argumentos expuestos por el sindicato.
Por su parte, la Cámara de Industrias de Costa Rica se manifestó en contra de la acción de inconstitucionalidad, señalando que nadie está por encima de la ley, por lo que las restricciones al gasto contenidas de reforma fiscal se aplican a todas las instituciones públicas. La coadyuvancia fue aceptada por la Sala IV el pasado 8 de mayo.
“La Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas aplica a todas las instituciones del Estado, no a unas sí y a otras no. Estamos pidiendo que rechacen el recurso del sindicato, pues de lo contrario miles de trabajadores públicos quedarían fuera de su regulación y se abriría un portillo para que el recorte del crecimiento del gasto no sea el que el país ocupa. Sería un terrible precedente para reducir el crecimiento del gasto público, tan necesario para las finanzas del país y con el que el gobierno se comprometió”, explicó Enrique Egloff, Presidente de la CICR.
Se espera que la Sala IV dicte su resolución en el corto plazo, pero ya este avance que representa la acogida de la coadyuvancia de los industriales, nos hace ser positivos, señaló Egoff.
Los industriales enfatizaron la importancia de la reducción del crecimiento del gasto público para fortalecer las finanzas públicas del país.
