Redacción- Los prolongados tiempos de espera para acceder a servicios sociales que ofrecen entidades públicas se convierte, todos los días, en un dolor de cabeza para los y las habitantes, según revela el último informe anual de labores de la Defensoría de los Habitantes 2018-2019.
Servicios ofrecidos por entidades como el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Dirección de Migración y Extranjería, por ejemplo, son una fuente constante de denuncia ante la Defensoría por falta de respuesta institucional hacia el/la usuario(a).
Como ejemplo, por este hecho violatorio la Defensoría intervino en 4.411 casos fuera del Gran Area Meropolitana a través de sus sedes regionales. El reclamo del habitante por falta de información, atención o respuesta a sus gestiones es uno de los desafíos que tiene la gestión pública para garantizar a los y las habitantes el derecho a un efectivo acceso de servicios.
En el caso del IMAS la Defensoría debió intervenir ante la falta de respuesta formal a las gestiones o solicitudes de beneficios, el cual se agrava por la ausencia de un registro formal de las mismas.
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Cuando se trata de mujeres en situación de pobreza, la información en la mayoría de ocasiones se hace de manera verbal, sin que puedan disponer de una resolución razonada. A ello se suman dificultades relacionadas con la ficha de información social, la dilación para las visitas y la efectiva aplicación de la misma.
En el caso del beneficio para mejoramiento de vivienda que gestiona el IMAS se tarda en promedio entre 6 y 8 meses para dar a conocer el resultado y puede aumentar el periodo cuando se trata de casos en zonas costeras y fronterizas porque se debe demostrar la titularidad de la tierra.
La Defensoría estima que el empoderamiento económico va mucho más allá de programas de beneficios temporales y por lo tanto, urge una política país que entienda las necesidades específicas, los obstáculos y brechas existentes para generar oportunidades de empleo y condiciones para el acceso y permanencia de las mismas, emprendimientos sostenibles, capacitación técnica y profesional de diferentes modalidades, que permita el ingreso de todas las diferentes poblaciones.
En el caso de la CONAI la Defensoría considera que ha sido ineficaz y de poco impacto para los pueblos indígenas y no ha tenido claridad en su orientación y cumplimiento de los objetivos establecidos en su ley, al punto que las autoridades actuales han reconocido que resulta impostergable la reorganización de esa institución.
En cuanto al PANI, la Defensoría identificó problemas sobre el funcionamiento de las oficinas locales, entre las cuales se pueden mencionar, lentitud en la atención y tramitación de casos, falta de seguimiento de las medidas de protección adoptadas, deficiente articulación con otras instancias como centros educativos y de salud y organizaciones sociales, insuficiencia de recursos profesionales para el abordaje de la totalidad de la demanda, negligencia en la atención de los asuntos con riesgo al interés de las personas menores de edad vinculadas y falta de información adecuada y oportuna a las partes.
El total de intervenciones en 2018 de la Defensoria de los Habitantes, por múltiples situaciones, fue de 26.615, de las cuales el 57% fueron interpuestas por mujeres y el 43% por hombres.
