- Se duda por el dinero del FEES, recorte a los programas sociales y limitaciones al presupuesto del Poder Judicial
Trece diputados y diputadas de seis fracciones (FA, PIN, PRN, PAC, PRSC y PLN) presentaron una consulta de constitucionalidad al expediente 21.568; “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020”, señalando distintas violaciones a la constitución.
Sobre el FEES, alegan que el condicionamiento de 35 mil millones de colones para ser destinados como gastos de capital violenta la autonomía de las universidades protegida por los Artículos 84 y 85. Esto pondría en riesgo el presupuesto universitario para gastos corrientes (becas, acción social, salarios) ya que, aún con el acuerdo firmado entre rectores, federaciones y gobierno, no hay claridad sobre la legalidad ni el visto bueno de la Contraloría General de la República.
La consulta señala también la violación a los Artículo 51 y 55, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño por la reducción nominal y/o real de los presupuestos para programas sociales.
LEA MÁS: Congresistas dictaminan presupuesto nacional del 2020
En el caso del PANI, la transferencia disminuye en 18 mil millones en comparación al 2019 (de 76.7 mil millones a 58.7 mil millones).
También fueron recortadas nominalmente en 6,08% las transferencias a universidades que comúnmente se destinan a sedes y recintos (estas transferencias son aparte del FEES), respecto a lo presupuestado este año.
Otras transferencias sufren decrecimiento real porque no se compensan los presupuestos por inflación (siendo la inflación interanual a agosto de un 2,86%).
Estos incluyen: CEN-CINAI, FODESAF, Fondo Social Migratorio y Fondo Especial Migratorio.
“Los sectores más vulnerables de la población serán los más afectados si se mantienen los límites y recortes a la educación pública y programas sociales en el presupuesto 2020. Mientras tanto, el límite al presupuesto del Poder Judicial lo celebrarán los corruptos que no tendrán que temer el funcionamiento de un tribunal anticorrupción”, señaló el diputado Villalta.