- Está prohibido realizar cualquier tipo de obra
Redacción- Un total de 52 propiedades invaden el Área Protegida de la Quebrada Pato Azul en el cantón de La Unión, Cartago.
En el lugar se han desarrollado construcciones ilegales dentro de la zona reservada de 1400 metros lineales.
En este espacio, se han levantado residencias o ampliaciones de vivienda, obras que en su mayoría se habrían llevado a cabo sin los respectivos permisos municipales.
Walter Brenes, Socio-Director del Bufete Energy Law Firm (ELAWF), dijo que la invasión del Área Protegida ha ocasionado «enormes problemas» de contaminación en el cauce de la Quebrada.
«Hemos tomado las acciones legales correspondientes para que la Procuraduría General de la República interponga las demandas necesarias para recuperar esa zona que es de dominio público», dijo Brenes.
El Socio-Director de ELAWF destacó que en la zona de protección de la Quebrada está completamente prohibido desarrollar cualquier tipo de obra.
El artículo 33 de la Ley Forestal Nº 7575 indica que «las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien metros medidos de modo horizontal….
Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales, cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de esta ley».
Una resolución de un recurso de amparo de Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de La Unión:
«Brindar una solución definitiva al problema de contaminación producido por los vecinos de la quebrada Pato Azul”, .
Además, tomar las acciones pertinentes para recuperar el área de protección de la quebrada Pato Azul'», señala la resolución.
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La sentencia concedió un plazo de 12 meses al gobierno local y a Salud para tomar las medidas adecuadas ante la contaminación producida por los vecinos.
«Resulta inaceptable que tengan conocimiento (el municipio) no solamente de la presunta invasión del área de protección de la quebrada, sino también de la contaminación producida por los vecinos.
Constituye un problema de salud pública, que afecta al recurrente y a esa comunidad, sin que hayan coadyuvado con el Ministerio de Salud para buscar una solución definitiva a dicho problema», señalaron los magistrados.
Brenes expresó que las construcciones que invaden la zona pública inalienable han ocasionado severos problemas ambientales.
Destacó la descarga de aguas residuales, lanzamiento de todo tipo de residuos sólidos como artefactos electrodomésticos, madera, mobiliario y chatarra, entre otros
