Redacción. La congresista de Restauración Nacional, Floria Segreda, dijo que el Ministerio de Justicia está a punto de ponernos en riesgo a todos, ya que en menos de 15 días vencerá el contrato con el Grupo Cesa y los privados de libertad que tienen tobillera electrónica se quedarán sin ser monitoreados.
“Desde hace varios meses he insistido en este tema, desde todo punto de vista, hemos podido ver como se ha hecho un pésimo manejo de este programa de medida alternativa, que tiene a casi dos mil privados de libertad en la calle sin que se cumplan con los requisitos mínimos y, peor aún, sin que se garantice la seguridad de la ciudadanía”, destacó.
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Segreda recordó que en octubre pasado solicitó vehementemente a las autoridades que se suspendiera este beneficio de forma inmediata, entendiendo que cuando no se cumplen con los estándares mínimos el riesgo que se corre es muy alto.
“Todos los involucrados se han hecho de la vista gorda y ahora estamos a escasos 15 días
de que implicados en actos delictivos se queden en la calle sin ningún tipo de control”,
expresó la congresista.
En la corriente legislativa, se estudia el proyecto que adiciona varios artículos a la Ley 9271, con el fin de establecer regulaciones fuertes y necesarias al uso de mecanismos
electrónicos alternativos al cumplimiento de la pena para privados de libertad (21.624).
“El objetivo de este proyecto es que las barbaridades que han sucedido, no vuelvan a
ocurrir”, manifestó Segreda.
