Redacción- La Fiscalía tomó la decisión de abrir una investigación penal en contra del presidente de la República, Carlos Alvarado, por el delito de incumplimiento de deberes.
También abrieron la misma causa contra la ministra de Trabajo Geannina Dinarte, así como al viceministro Administrativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), Steven González, por el mismo delito de incumplimiento de deberes.
Lo anterior tras recibir una denuncia por firmar la convención colectiva del Ministerio de Educación.
El Código Penal de Costa Rica en su artículo 339 castiga este delito entre uno y cuatro años de inhabilitación a funciones públicas al «funcionario público que ilegalmente omita, rehuse hacer o retarde algún acto propio de su función. Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo»
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Por otra parte, La Contraloría General de la República (CGR) ya abrió un proceso de estudio de una denuncia presentada contra la polémica convención colectiva entre el Ministerio de Educación Pública (MEP) y varios sindicatos de este sector.
Ante la consulta de AM Prensa, la CGR confirmó a este medio que recibió la denuncia por parte del diputado Pedro Muñoz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
«El área de Denuncias e Investigaciones la recibió y actualmente se encuentra en etapa de valoración / admisibilidad», comunicó prensa de la CGR.
Por su parte, el MEP comunicó luego de conocer la denuncia, que se pone a disposición de la CGR en este nuevo proceso.
EL MEP indicó este pasado martes que no hay irregularidades en la tercera negociación de esta convención, además, señaló que no se incluyeron beneficios económicos para los funcionarios, pese a que varios sectores afirman que sí.
«La Convención Colectiva que recién ha sido suscrita con los sindicatos, es una convención que viene desde el 2013 y cuya constitucionalidad ha sido revisada dos veces por la Sala IV. Para esta versión 2020, no se incluyeron nuevos beneficios económicos», indicó Steven González, viceministro administrativo, en un vídeo enviado por el MEP a los medios.
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El acuerdo se firmó por parte de los sindicatos de educación SEC, ANDE, APSE y SITRACOME.
La presente convención da continuidad de la suscrita originalmente en el 2013, entre el MEP y el SEC y SITRACOME y que en el 2016 se amplió con la incorporación de ANDE.
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