• Afirman que se deben defender los derechos de los niños

Redacción – Un grupo liderado por la diputada Shirley Díaz del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se pronunció este viernes en rechazo de la norma técnica para el aborto impune, donde destacan que es ilegal. 

Se trata de Frente Nacional por la Vida, el cual también integra al sector religioso del país y otros grupos pro-vida.

«El Protocolo y la Norma Técnica son normativas del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, inferiores a las leyes decretadas por el Poder Legislativo. Ambas son inconstitucionales porque la Carta Magna exige que todo lo referente al derecho penal sea mediante leyes, no reglamentos o decretos», defiende Díaz.

El aborto impune está vigente en la legislación costarricense desde 1970, en el artículo 121 del Código Penal, con el fin de salvaguardar la vida y salud de la mujer si esto se ve comprometido por alguna problemática durante el embarazo.


LEA TAMBIÉN: ¿Cómo funciona la norma técnica para el aborto impune en Costa Rica?


Sobre la ilegalidad, destacan que, en el ordenamiento jurídico costarricense, la persona humana en gestación tiene el estatus de «niño» y los Derechos Humanos expresan que «el niño (…) necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento».

«Es injusto y contradictorio que las leyes que dan protección especial a los niños en el vientre puedan ignorarse si se cumple un proceso administrativo bajo trámite de inconstitucionalidad», indicaron en conferencia.

Aunque las autoridades de salud no se han referido al respecto, la semana anterior explicaron a detalle la norma técnica, donde destacan que se propondrá a la mujer la opción del aborto terapéutico únicamente cuando su vida y su salud corran peligro.

Además, agregan que solo se podrá interrumpir el embarazo si se agotan todas las opciones médicas para resguardar las dos vidas.

Los especialistas buscarán y determinarán otras vías, pues el aborto impune es la última opción.

Por otro lado, será la mujer en tener la última palabra y decidir si quiere continuar con el procedimiento tras el criterio médico.