Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC. Minor Solís/Cortesía Asamblea Legislativa.

Redacción.    La discusión de las mociones de revisión continúan en el Plenario,  sin embargo, muchos diputados no votarán el proyecto 21.336 Ley Marco de Empleo Público hasta que sea consultado a las instituciones.

Los diputados enviarán la propuesta a varias instituciones por 8 días hábiles para que emitan sus opiniones sobre el texto final.

El proyecto deberá ser publicado en el diario oficial la Gaceta, para luego poder ser votado en primer y segundo debate, así lo explicó la diputada liberacionista Yorleny León.

Esta propuesta de ley, que fue presentada por el Gobierno el 8 de abril del 2019, introduce una serie de cambios, pero principalmente ordena las remuneraciones que reciben los funcionarios del Estado.

La iniciativa ratifica que el rector del empleo público es el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica tal y como se había establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

En cuanto al Servicio Civil, esta institución dependerá del MIDEPLAN y será el aparato operativo del empleo público.

Víctor Morales Mora, diputado de la fracción del Partido Acción Ciudadana, explicó que hubo cambios de criterio de los legisladores durante el proceso de construcción de la ley, pero al final se inclinaron por dejarle la rectoría al MIDEPLAN.

El congresista de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, también mostró algunas dudas sobre el tema de la rectoría que ejercería MIDEPLAN sobre el empleo público. Según el diputado algunas de estas competencias otorgadas podrían ser desproporcionadas.

La diputada Yorleny León del Partido Liberación Nacional, explicó que con la moción 80 que se votó la semana anterior sobre este proyecto quedó totalmente claro que estas instituciones quedan dentro del proyecto con el fin de eliminar abusos y diferencias salariales que se dan con otras entidades.

Para el legislador del PIN, Walter Muñoz,  el incluir a las Municipalidades, a las Universidades del Estado y al Poder Judicial representa una clara violación de la autonomía de esas instituciones contemplada en varios artículos de la Constitución Política.