Redacción. El director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, Randall Murillo, aseguró que el convenio que pretende que el Gobierno únicamente firme acuerdos con 14 empresas constructoras para obras, remodelación y otros, establece barreras y limitaciones injustificadas, sin una prueba fehaciente de su beneficio para el interés público.
La agrupación consideró en una carta que le envío a la directora general de la Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, Maureen Barrantes Rodríguez, que la implementación de este convenio, de carácter obligatorio y prorrogable por cuatro años, viene en el sentido contrario de la reactivación económica.
La Cámara considera inconveniente para el interés público la utilización del Convenio Marco para el Servicio de Infraestructura con Fondos Propios.
“Es evidente que este Convenio genera una limitación grave a la libre concurrencia y participación, principios que se aspiran en la contratación pública. Como se ha reflejado en líneas precedentes, el Convenio tiene un ámbito de cobertura muy extenso, lo que significará que muchas empresas con experiencia y atestados no tendrán la oportunidad de presentar una propuesta a la Administración”, destacó Murillo.
Además, agregó que al Gobierno no le conviene ya que existe una clara y desafortunada limitación para obtener la mayor cantidad de opciones, que finalmente le permitan seleccionar la mejor oferta del mercado para satisfacer el interés público al menor costo posible.
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“Es claro, que lejos de garantizar eficiencia en el manejo de los recursos públicos, el modelo planteado impedirá que se logre esta aspiración e inclusive fomenta una concentración de contratos en unas cuantas empresas, contraviniendo la libre competencia y la libertad de empresa que dispone el numeral 46 de nuestra Constitución Política”, destacó.
¿Se tramitará más rápido?
La Cámara de la Construcción no considera que con este convenio, la Administración garantice una reducción sustantiva en los tiempos de desarrollo de los proyectos.
“Para el caso de la infraestructura pública, se requiere de una adecuada planificación y conceptualización de los proyectos. Como hemos reiterado en diferentes pronunciamientos, los principales retrasos en el desarrollo de los proyectos no se dan en las fases del procedimiento licitatorio. En consecuencia, que la Administración deba realizar “mini concursos” únicamente con las empresas seleccionadas, no representará una reducción sustancial de tiempos, pues recalcamos que los proyectos deberán realizar toda la etapa de pre-inversión.
“A esto se suma la válida interrogante de si, las empresas seleccionadas, podrán atender la demanda de todo el portafolio de proyectos de la Administración Central, incluidos sus órganos desconcentrados”, destacó.
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Murillo considera que el convenio se conceptualizó de forma muy amplia y genérica, sin tomar en consideración las especificidades de los proyectos que podrían llegar a ser tramitados bajo la figura.
«El país enfrenta momentos económicos difíciles y el sector de la construcción no es la excepción. Lamentablemente a la fecha, muchos proyectos se han postergado o cancelado y con ello, miles de empleos directos e indirectos se han perdido», destacó.
