Redacción- La Fiscalía General de la República pidió que se eleve a juicio la causa del «cementazo» que se sigue en contra del empresario Juan Carlos Bolaños, el exdirector general de Aduanas; Benito Coghi Morales, el exdiputado Víctor Morales Zapata, y Fernando Rodríguez Garro, exviceministro de ingresos.
Ahora, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), en representación del Estado en su condición de víctima, interpuso escritos de Querella y Acción Civil Resarcitoria en el proceso penal seguido bajo sumaria n° 15-000022-33-PE, en contra el exdiputado Víctor Morales Zapata y el empresario Juan Carlos Bolaños.
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Los hechos que se querellan constituyen delitos de tráfico de influencias agravados que se le imputan a Morales y a Bolaños en la Comisión Nacional de Emergencias, Casa Presidencial y Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y aceptación de dádiva por acto cumplido. También porque en apariencia el empresario del cemento chino le habria pagado una casa vacacional al exdiputado, delitos previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública respectivamente.
Además, la Procuraduría demanda civilmente el resarcimiento del daño social derivado de dichos delitos, y que asciende a una suma total de SETENTA MILLONES DE COLONES (¢70.000.000).
