Redacción. La comparecencia en la que se interpelaron a los ministros de Educación: Guiselle Maduro y de Hacienda, Elián Villegas y la directora del fideicomiso, Lourdes Fernández, sobre la paralización de las obras de al menos siete centros educativos financiadas mediante un fideicomiso con el Banco Nacional, llovieron críticas por parte de los diputados.
En total, mediante el fideicomiso, cuyos recursos provenían de un empréstito con el BID ,se tenía previsto la construcción de 55 centros educativos pero siete de ellos no fueron concluidos, según explicó Lourdes Fernández, por problemas financieros de dos consorcios que tenían a su cargo las obras, se trata de cuatro escuelas y tres canchas deportivas.
Fernández expresó que el fideicomiso fue complejo de administrar, pero según afirmó se logró la construcción de 48 obras y se esperaba que para mayo de este año estuvieran las 55 completas, pero ante el abandono de esos dos consorcios se procedió a rescindir los contratos.
Según explicó la ministra de Educación, Guiselle Cruz, para concluir las obras se requieren unos 27 millones de dólares y de no hacerlo el país debe reintegrar al BID más de 15 millones de dólares.
La diputada Carmen Chan aseguró que la ley del fideicomiso omitió estudios de reinversión, así como errores de cálculos y de proyecciones lo que provoca que hoy se estén solicitando más recursos para concluir las obras.
La legisladora además cuestionó a los funcionarios sobre las razones por las cuales las obras no fueron concluidas, la directora del fideicomiso explicó que algunas de ellas fueron problemas con los terrenos que no eran aptos para construir, así como la imposibilidad de financiamiento adicional.
Por su parte, la diputada Paola Valladares Rosado resaltó los fallos en los que incurrió cada uno de los responsables de que las obras quedaran sin concluir según afirmó afectando a miles de estudiantes que hoy no cuentan con las condiciones mínimas para estudiar.
Recordó que la Contraloría General de la República determinó que existió ausencia de seguimiento y responsabilidad por parte del Ministerio de Educación en la supervisión del fideicomiso para tomar las acciones correctivas
