- Atención Obstétrica del Hospital de Ciudad Neily requiere de dotación de más personal, fondos y apoyo especializado.
Redacción- La Defensoría de los Habitantes investiga una denuncia por un aparente faltante de recursos humanos, técnico y presupuestario que atraviesa el Servicio de Atención Obstétrica del Servicio de Emergencia del Hospital de Ciudad Neily.
La preocupación se centra en las condiciones que se brinda el servicio, pues se indica en la queja que se requiere de dotación de más personal, fondos y apoyo especializado, al punto tal que estas carencias no permiten que esté disponible los fines de semana y, además, de lunes a viernes se atiende durante 15 horas y no las 24 horas como se necesita en un servicio de emergencias.
Otro asunto que se cuestiona en la denuncia es por qué se sigue dando el servicio en sala de partos, si por la distancia con el área de emergencia, elevadores y otros inconvenientes no reúne los requisitos para una atención oportuna, segura y con el menor riesgo posible. ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar la población para una atención 24 horas con el personal especializado?, se pregunta la persona denunciante.
La Defensoría de los Habitantes solicitó un informe de la cantidad de partos que atiende mensualmente y en forma anual el Hospital de Ciudad Neily, y cuántos ingresaron por el servicio de emergencias.
Asimismo, detalles sobre la organización y el personal que conforma el Servicio Atención Obstetrica – Servicio Emergencias (SAO SEM), el horario y las razones de su estancia en
una zona fuera de emergencias.
Otro punto que pidió la Defensoría fue si el Hospital o Gerencia Médica ha ordenado o realizado estudio sobre las necesidades y riesgos que podrían correr las mujeres y el personal de dicho servicio, y en el caso, de ser afirmativa la respuesta, aportar copia del estudio e informe si se emitieron recomendaciones y su seguimiento.
Recientemente, se dio a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia caso Brítez Arce y otros Vs. Argentina, 16 de noviembre de 2022, se pronunció sobre las responsabilidades del Estado derivadas de la violencia obstétrica, entendiendo ésta como una forma de violencia basada en el género ejercida por los encargados de la atención en salud sobre las personas gestantes, durante el acceso a los servicios que tienen lugar en el embarazo, parto y posparto (…) entre otras manifestaciones amenazantes en el contexto de la atención en salud durante el embarazo, parto y posparto”.
Ello como podría ser la falta de condiciones para una adecuada y diligente atención, incluyendo la disponibilidad de personal especializado, suficiente y disponible, cuya inobservancia podría derivar en una atención negligente, entre otros.
