Redacción – El Plenario Legislativo aprobó este lunes, en primer debate y de forma unánime, el expediente 24.114, que establece penas de hasta 35 años de prisión para quienes cometan violencia vicaria.
Este proyecto, impulsado por el diputado liberal Gilberto Campos con el apoyo de varios legisladores, busca sancionar lo que fue calificado como una de las formas “más crueles” de violencia contra las mujeres.
¿Qué es la violencia vicaria?
La violencia vicaria se entiende como cualquier acción destinada a causar daño emocional, psicológico o patrimonial a una mujer, a través de lo que más valora: sus hijos, familiares cercanos, bienes materiales o incluso sus animales de compañía.
“El daño se perpetra haciendo sufrir a un tercero, con el objetivo de dañar emocionalmente a la mujer. Esto es comparable a la tortura y forma parte de los círculos de violencia que tanto nos cuesta romper”, explicó Campos.
El proyecto modifica la Ley Contra la Violencia Doméstica, la Ley de Penalización de Violencia Contra la Mujer y el Código de Familia para incluir la figura de la violencia vicaria en el ordenamiento jurídico costarricense.
Entre las sanciones contempladas destacan:
• Pena de 20 a 35 años de cárcel para quien cause la muerte de un descendiente, ascendiente, pariente colateral o dependiente económico de la mujer con la que mantuvo o mantiene una relación sentimental.
• Prisión de 1 a 3 años para actos de maltrato físico, psicológico o emocional contra un descendiente, ascendiente, pariente colateral o dependiente económico.
• Prisión de 1 a 2 años por maltratar a un animal de compañía de la mujer, y de 2 a 3 años si el animal es asesinado.
El diputado Campos celebró la aprobación del proyecto, calificándolo como un hito en la protección de los derechos de las mujeres en Costa Rica.
“Este proyecto coloca al país a la vanguardia en la defensa de los derechos de las mujeres. Es un logro significativo para esta generación y las futuras”, expresó.
El expediente será sometido a segundo debate el próximo 16 de enero, lo que podría consolidar este avance histórico en el marco legal costarricense.
