- Adquisición de 12 millones de mascarillas fue adjudicada a empresas inexpertas
- Aún se investiga si compras presentaron irregularidades en el proceso
Redacción – El gerente de Logística de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Luis Fernando Porras, renunció a su cargo el jueves 30 de setiembre en medio de la suspensión laboral por la cuestionada compra de 12 millones mascarillas el 27 de mayo de 2020.
Así lo confirmó el mismo Porras al periódico La Nación y explicó que se debe a la posibilidad de iniciar proyectos personales y profesionales.
Los procesos de compra y varios funcionarios de la Caja, incluyendo Porras y sus asesores Hans Vindas y Cristina Díaz, son investigados por las autoridades debido a supuestas inconsistencias.
Exactamente un año antes, el 30 de setiembre de 2020, la CCSS solicitó abrir un procedimiento administrativo de Responsabilidad Disciplinaria y Patrimonial por presuntas irregularidades.
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La polémica compra
Los cuestionamientos surgen luego de que se conociera que la Caja adjudicó la compra de 12 millones de cubrebocas quirúrgicos a dos empresas de inexpertos.
La adquisición fue a una empresa del contador costarricense David Landergren Castro y a MR Comunicación Política de la periodista Miren Martínez Ruiz, ambas sin experiencia en la distribución de Equipo de Protección Personal (EPP).
Incluso, la empresa de comunicación incumplió con la entrega de mascarillas, por lo que la Caja procedió con los trámites pertinentes para resolver la orden de compra supra citada, y realizar el cobro de las multas y cláusula penal.
Esta contratación de ambas empresas es por $4 millones; sin embargo, la Caja no pagó por adelantado.
Para este concurso, la Caja tuvo 18 opciones, pero aseguran que escogieron a estos dos oferentes por ser el precio menor por una diferencia de $553 mil y que sí cumplían con todos los requisitos.
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Según Porras, la compañía MR Comunicación se atrasó con la entrega de las mascarillas que se le compraron, la cual estaba pactada para el 4 de junio de 2020. A esta compañía se le adjudicó la compra por $1.9 millones.
Debido a los contratiempos, esa empresa solicitó prórroga para entregar las mascarillas el 29 de junio del mismo año, alegando que la República de España realizó la retención de la mercadería pactada en razón de la orden Real Federal de dicho país.
El incumplimiento provocó que fuera condenada a pagar una multa por concepto del atraso.
Informe alerta supuestas irregularidades
Las pruebas aportadas en el Informe de la Gerencia de Logística, incluidos en el oficio No. GL-1610-2020, permite lanzar la advertencia por aparentes irregularidades en estas compras.
Adicionalmente se consideran los datos incluidos en los oficios No. GL-1646-2020, y la información técnica contenida en los informes No. GA- DBL- 0339- 2020 / DBL- ASO- 0526- 2020, de la Dirección de Bienestar Laboral y el área de Salud Ocupacional, dependencias adscritas a la Gerencia Administrativa.
El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece en el artículo 222 sobre sanciones a funcionarios:
“Las sanciones administrativas deberán ser impuestas por el órgano que ostente la potestad disciplinaria, en contra de los funcionarios que realicen actuaciones contrarias a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y el presente Reglamento. Dichas sanciones consistirán en apercibimiento escrito, suspensión sin goce de salario, despido y retiro de credenciales según las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa”.
