Redacción/Agencias – Estados Unidos expresó su «profunda» preocupación por la «restricción del espacio democrático» en Nicaragua, luego de que la oposición política fue excluida de las elecciones generales de noviembre y expulsada del Congreso por un cuestionado fallo judicial.
«Estados Unidos se encuentra profundamente preocupado por las acciones del gobierno y la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para restringir el espacio democrático previo a las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre», dijo el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, en un comunicado.
El pasado 8 de junio, la máxima corte nicaragüense despojó al líder del opositor Partido Liberal Independiente (PLI, derecha), Eduardo Montealegre, de la representación legal de la agrupación y se la entregó a Pedro Reyes, un político que ha sido vinculado al oficialismo.
La acción dejó fuera de la contienda electoral al PLI, que pretendía encabezar una coalición opositora para enfrentar los planes de reelección del presidente Daniel Ortega, quien regresó al gobierno en 2007 y fue reelecto en 2011.
Además, el tribunal invalidó, el 17 de junio, el liderazgo del Partido de Acción Ciudadana (PAC), la última opción legal que tenía la oposición para participar en los comicios.
El viernes, la oposición nicaragüense recibió otro golpe cuando el tribunal electoral ordenó al Congreso destituir a 28 diputados opositores (16 titulares y 12 suplentes) que desconocieron el fallo judicial y rehusaron someterse a la autoridad del nuevo presidente del PLI.
Las medidas, calificadas por la oposición como un golpe al Parlamento, se producen a casi tres meses de las elecciones en las que Ortega busca reelegirse sin rivales fuertes y sin observación internacional.
«Unas elecciones creíbles y el pluralismo político son fundamentales para que exista una democracia sólida», subrayó el Departamento de Estado, exhortando «al gobierno de Nicaragua a que respete las voces de su pueblo y tome los pasos necesarios para la realización de elecciones justas y transparentes».
La oposición, empresarios y la jerarquía católica denuncian que Ortega planea establecer un régimen unipartidista.
Ortega aspira ganar en noviembre su tercer mandato sucesivo y cuarto desde la revolución que presidió en la década de 1980.
