Redacción-Dos personas de apellidos Chávez Campos, costarricense, y Moreno Maradiaga, nicaragüense, fueron detenidos como líderes de una agrupación criminal dedicada a la confección, venta y distribución de documentos públicos y privados.
Ellos son sospechosos de elaborar ilegalmente el carné Provisional de Permiso Laboral para personas refugiadas emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, así como licencias de conducir, Carné de Manipulación de Alimentos y Títulos de Educación Básica y Bachiller en Educación Media.
La investigación, que inició en setiembre 2020, estableció que los miembros de la agrupación coordinaban con personas extranjeras en condición migratoria irregular, siendo este su fuerte, además de la confección y venta de documentos falsos, solicitándoles sus datos personas, fotografías tamaño pasaporte con fondo blanco y una imagen de la firma impresa en una hoja en blanco para la preparación de las identificaciones y papelería falsa.
Los documentos eran elaborados en la casa de habitación de Chaves Campos, cobrando montos que oscilaban entre los 25 y 60 mil colones, según el trámite.
La Policía de Migración realizó inspecciones migratorias en diferentes empresas, detectando documentos confeccionados por dicha organización.
Las personas extranjeras utilizaban los documentos falsos de forma variada según su finalidad, desde el uso de identificaciones migratorias para evadir a las autoridades, así como obtención de certificaciones de antecedentes penales, apertura de cuentas bancarias, trabajos formales en empresas de la industria alimentarias, entre otros.
“La Policía de Migración continuará con este tipo de investigaciones que no solamente configura un delito sino que además se expone la seguridad pública y nacional al falsificar documentos sensibles que son utilizados en diferentes actividades», indicó el Comisionado Stephen Madden, Director de la Policía de Migración.
Tanto Chaves Campos como Moreno Maradiaga enfrentarán los delitos de falsificación de documentos públicos y auténticos, cuya pena oscila de uno a seis años, y el delito de venta o distribución de documentos públicos y privados, pena que va desde los tres a seis años de prisión. Las mismas fueron trasladadas al Juzgado Penal de Alajuela para lo correspondiente.
